[MEMORIA] Ranquil 1934: La horrible masacre del Estado chileno contra mapuche-pewenche y campesinos chilenos pobres

El origen de este conflicto se remonta a la década del 20 del siglo pasado. El terreno conocido como hijuela de Ránquil, desde 1881 formaba parte de un extenso latifundio denominado San Ignacio de Pemehue, de alrededor de 132.000 hectáreas.

El conflicto comienza a escalar desde 1929, oportunidad en que Carlos Ibáñez del Campo dictó el decreto N°3.871 del 14 de agosto. En este decreto reconocía a la familia Puelma Castillo la propiedad de 139.362 hectáreas ubicadas en el Alto Bio-Bío, incluyendo 4.000 hectáreas de terrenos fiscales, que habían sido entregadas con a la familia de colonos. Los campesinos, ante esta medida del ejecutivo reaccionaron organizándose en el Sindicato Agrícola de Lonquimay. Una delegación encabezada por su presidente, Juan Segundo Leiva Tapia, que viajó a Santiago para intentar revertir esta medida. Como resultado se logró la derogación del decreto N°3.871 y también, que se dictara uno nuevo, el N°265, de 27 de marzo de 1931, que convertiría esta hijuela en la Colonia Agrícola de Ranquil.

Sin embargo, la caída de Ibáñez y la ascensión al poder de Arturo Alessandri Palma significaría el comienzo de la tragedia de Ránquil y del Alto Biobío. La nueva administración adoptó una política favorable a los intereses de los latifundistas y los hacendados Puelma y Bunster, quienes consiguieron a través de la acción de sus abogados que el gobierno volviera a revisar las medidas paliativas adoptadas por Ibáñez para descomprimir la situación en 1931.

El informe de la comisión nombrada por el Ministerio de la Propiedad Austral para investigar la validez de terrenos en la Provincia del Biobío tuvo como resultado los decretos de 1931 que favorecieron a los colonos con la entrega de 30.000 hectáreas de terrenos fiscales a los latifundistas. Esta acción del Ejecutivo fue la base para que los colonos, campesinos y mapuche fueran considerados ocupantes ilegales de los terrenos y fuera solicitado su desalojo definitivo.

Era difícil para los colonos y campesinos aceptar el abandonar las tierras que consideraban suyas. El Sindicato de Lonquimay pretendió establecer alguna coordinación para la resistencia, pero el traslado a la zona de fuerzas armadas de carabineros, sumado al apoyo de la Guardia Civil de Lonquimay y milicias republicanas que respondía a las órdenes del gobierno, no pudieron ser contrarrestadas por los colonos.

El invierno en la cordillera de Lonquimay es siempre terrible, pero en aquel invierno de 1934 lo fue mucho más y la gelidez de la montaña parece que también terminó congelando la memoria histórica de un episodio que unió, tal vez por única vez, a mapuche-pewenche y campesinos chilenos pobres. Se trata de la más olvidada y no por ello la menos terrible de las matanzas gestadas desde el Estado chileno contra aquellos que se oponen a los designios del poder.

Rebeldes capturados por el Estado Chileno

 

Desde mediados de junio de aquel año, hasta bien entrado el mes siguiente, el Alto Bío Bío se tiñó de sangre mapuche y chilena, luego de que casi un millar de habitantes de esa zona se alzaran en armas contra el gobierno de Arturo Alessandri y pusieran en jaque la “seguridad” de los colonos extranjeros que se habían apropiado, con la venia del Estado chileno, de los ancestrales territorios pewenche de la alta cordillera. La represión no se hizo esperar y Carabineros de Chile hizo su entrada triunfal en los avatares represivos, sofocando el alzamiento, para luego asesinar cobardemente a casi 500 prisioneros que se habían rendido al verse derrotados.

Se produjeron enfrentamientos menores como el de Nitrito, pero el más recordado por su significado fue el acontecido en el Puente de Ránquil. En ese lugar a inicios de julio de 1934, se estima que alrededor de doscientos campesinos trataron de impedir el paso a las fuerzas uniformadas y de apoyo particular. Como resultado, aproximadamente un centenar de personas fueron asesinadas durante esa semana y un número indeterminado fue apresado.

El despojo de tierras mapuche iniciado en la segunda mitad del siglo XIX con la “Pacificación de La Araucanía”, tiene su momento cúlmine en las tres primeras décadas del siglo siguiente, cuando el Ministerio de Tierras y Colonización, creado por el Estado chileno, terminó su labor de “redistribución” de las tierras usurpadas en el Gulumapu, generando toda una masa de mapuche empobrecidos que, en territorio pewenche, eran arrinconados cada vez más arriba en la cordillera. A ellos se unía un cada vez más creciente número de colonos chilenos pobres que terminaron habitando el mismo espacio de los pewenche y sobre todo compartiendo las mismas miserias de éstos. Ello llevó a que los colonos chilenos, agrupados en el Sindicato Agrícola de Lonquimay, solicitaran al gobierno la entrega legal de un predio en la localidad de Nitrito, que habitaban varios chilenos y pewenche desde hacía más de una generación.

La Sociedad Puelma Tupper reclamó para sí la propiedad de las tierras y exigió una orden judicial de desalojo, basada en la prerrogativa jurídica de que quienes habitaban el lugar no tenían títulos de propiedad. Ante ello, los habitantes del lugar propusieron al Estado que comprase las tierras al reclamante y ellos a su vez pagarían al primero, en un plazo prudente, el valor de éstas. Sin embargo, mientras se realizaban las negociaciones, Carabineros comenzó a hostigar a los campesinos, utilizando contra los hijueleros todos los abusos y formas de atemorizamiento posibles. Cuando las tierras estaban recién cultivadas y comenzaba el duro invierno cordillerano, llegó la fuerza represiva a desalojarlos, destruyendo cercos e incendiando los ranchos, expulsándolos sin misericordia y conduciéndolos hasta terrenos estériles, más arriba de la misma cordillera, sin alimentos ni habitación.

En Nitrito, Ranquil, Quilleime, Lolco y Trubul, los campesinos se unieron en defensa de los expulsados, recibiendo el apoyo de los mapuche de la reducción Maripe, cuyo lonko Ignacio Maripe, quince años antes había perdido sus tierras en el mismo Fundo Ralko. Según se consigna en documentos de la época, este lonko pewenche fue salvajemente torturado en vida, sacándosele los ojos, cortándosele la lengua y las orejas hasta dejarlo exánime. Tal como se consiga en documentos, relatos y sobre todo en la prensa chilena de la época, el principal líder del alzamiento fue el profesor de castellano José Segundo Leiva Tapia, que habiendo estudiado en Santiago regresó a la zona para dedicarse a la “agitación social” e imbuirse de la cultura mapuche.

Por lo mismo, parte de los alzados correspondían a campesinos mapuche-pewenche, hecho que queda consignado en una información aparecida el domingo 1º de julio en el diario La Nación y que daba cuenta de la activa presencia mapuche, con el sugestivo titular de: “Alrededor de cien indios combaten en las filas sediciosas”. De igual forma, el listado final de detenidos, publicado el 20 de julio en la prensa nacional consigna la presencia de al menos una decena de mapuche que fueron pasados posteriormente a los racistas tribunales de justicia chilenos.

Más de medio millar de asesinados

Avanzado ya el invierno, en junio de 1934, la desesperación, el hambre, el frío y el odio, dieron paso a la revuelta. Varios miles de campesinos y mapuche, armados de viejos fusiles y escopetas, asaltaron las pulperías y bodegas de los latifundios cercanos, y asumieron posiciones de enfrentamiento. El 29 de junio, el diario La Nación titulaba “Armados Avanzan sobre Lonquimay” y el decano patronal de la prensa nacional, El Mercurio, titulaba cuatro días más tarde: “Se acentúa la gravedad de los sucesos del sur”, en clara alusión al avance de los campesinos alzados en armas por su dignidad.

El historiador Ricardo Donoso, desde su particular visión política, dice de ello en su libro ‘Alessandri, Agitador y Demoledor’: “Un grupo de inquilinos del Fundo Ranquil, levantados en armas, abandonaron sus tierras y en una semana se desparramaron en una extensión de 150 kilómetros, pasando a cuchillo a pulperos, mayordomos y propietarios que intentaron oponérseles”. El gobierno movilizó para sofocar la rebelión a tropas policiales desde Temuko, Victoria, Mulchén y Santa Bárbara, con el apoyo de aviones de la Fuerza Aérea.

En piquetes de 20 carabineros, las fuerzas represivas se internaron en la zona, en una primera etapa de poca eficacia, pero que más tarde con el apoyo de 100 policías venidos desde Santiago al mando del propio Director General de Carabineros, Humberto Arriagada Valdivieso, endurecieron su accionar represivo, cometiendo toda clase de abusos. En una maniobra de arrinconamiento de los rebeldes, que desde el lado sur eran atacados por las tropas al mando del Comandante Délano Soruco y por el norte, desde Mulchén, bajo el mando del propio Arriagada, enfrentaron acciones sumarias y muchos fueron pasados por las armas a pesar de haberse rendido ante las fuerzas militares.

A principios de julio, un grupo rebelde seguía manteniéndose fuerte en los cerros de Llanquen. Los que sobrevivieron a los fusilamientos indiscriminados fueron apresados o huyeron hacia la cordillera, abandonando a sus familias. Las mujeres que se quedaron en los improvisados campamentos fueron violadas y erradicadas para siempre con sus hijos de la zona. El gobierno los acusó de “bandoleros y subversivos”, justificando de ese modo la brutal represión desatada contra ellos. Según el Senador Pradenas, -parlamentario por Temuko en aquella época- resultaron detenidos 500 personas, de las cuales sólo 23 llegaron a la capital de la provincia de Cautín, ciudad en la que se inició el proceso judicial. Sobre el destino de las personas detenidas que no llegaron al juicio, no existe una versión oficial y se les da por muertos, que se vienen a sumar a los que cayeron durante los enfrentamientos registrados en la montaña.

Muchos de los que sobrevivieron, chilenos y mapuche, tras duras jornadas escapando por la cordillera, terminaron dispersos en estancias o en los huertos de Neuken y Río Negro donde rehicieron sus vidas, luego de cruzar hacia el Puelmapu tras padecer indescriptibles fatigas y penalidades. Al final, tal como ocurrió muchas veces en la agitada vida política del Chile de los años ’20 y ’30, el olvido y las infaltables leyes de amnistía terminaron por echarle tierra a la masacre, olvidándose de ello una sociedad entera… tal como antes, tal como después…

Por su parte, el Congreso Nacional también abordó los acontecimientos de Ránquil. La primera sesión de la Cámara de Diputados, destinada a evaluar las noticias que llegaban desde la zona, tuvo lugar el 10 de julio y resalta el desconocimiento acerca de las características de la zona como de los grupos involucrados en el conflicto. Tampoco el Congreso publicó los informes producidos por algunos diputados que viajaron a la zona para corroborar “in situ” la veracidad de los hechos.